Comida envenenada

Mientras que los alimentos sanos y sin tóxicos hay que etiquetarlos –y nos hacen pagar caro por ello– los que son rociados sistemáticamente con venenos pasan por normales y no es preciso declararlo en ninguna etiqueta.

Así se venden los alimentos derivados de la producción con agrotóxicos (eufemísticamente llamados agroquímicos para hacerlos parecer más neutrales y que no protestemos). ¿Quién se beneficia de este engaño al público, de este atropello a la salud y al ambiente, de esquilmar dinero público a gran escala por los costos de contaminación y enfermedades? Las 10 trasnacionales que controlan 90 por ciento de la venta de agrotóxicos a nivel mundial, de las cuales Syngenta, Bayer, Basf, Monsanto, Dow y DuPont son las mayores. ¿Suenan conocidas? Claro, son exactamente las mismas que controlan ciento por ciento de las semillas transgénicas. No es casualidad: ellas crearon los transgénicos para vender más veneno.

Los transgénicos son un ejemplo paradigmático de esta estafa al público: más de 80 por ciento son manipulados para tolerar mayor uso de agrotóxicos, para que todo alrededor de la planta muera, pero que la planta transgénica siga viva luego del baño intensivo de veneno. Que no sólo queda en la tierra y el agua: también deja un alto contenido de tóxicos en la comida que se elabora con ellos. En la mayoría de los países que cultivan soya transgénica, tuvieron que cambiar las leyes de salud para aumentar hasta 200 veces el nivel de residuos de agrotóxicos permitidos en alimentos, de lo contrario serían alimentos ilegales por ser un riesgo para la salud.

El cultivo de transgénicos ha significado el mayor uso del herbicida glifosato en la historia de la agricultura. Como su uso es tan intenso, ha provocado resistencia en las hierbas que dice combatir, encontrándose más de 20 hierbas invasoras que ahora son totalmente inmunes al glifosato. Por eso, las empresas venden el producto cada vez más concentrado, le agregan surfactantes y otros químicos para que penetre mejor (convirtiendo al glifosato, que la industria afirma es moderadamente tóxico, en un veneno de alto poder). Pero ante la ineficacia en aumento, están regando venenos aún más tóxicos en los cultivos (como endosulfán, atrazina, dicamba y el famoso 2, 4 D que es un componente del arma química Agente Naranja). Ahora las empresas van por maíz y soya transgénica resistente a dicamba y 2,4 D, lo cual aumentará más su uso. Como los transgénicos se plantan en grandes áreas, los agrotóxicos se aplican frecuentemente por fumigación área, afectando extensas áreas aledañas y poblaciones cercanas.

En Argentina, tercer productor mundial de transgénicos, se han comenzado a organizar los pueblos de varias provincias contra la fumigación área de las zonas de cultivos transgénicos, situación relacionada al aumento de casos de cáncer y diversas alergias y enfermedades graves, incluyendo deformación de neonatos.

Mientras que en ese país se realizó recientemente el primer juicio contra la fumigación de soya transgénica en Ituzaingó, Córdoba, por las enfermedades y contaminación que se han demostrado, en México se acaba de autorizar la siembra comercial de 235 mil 500 hectáreas de ese cultivo en varios estados de la península de Yucatán, en Chiapas y la región huasteca, condenando a muerte la producción de miel orgánica y el sustento de más de 40 mil familias. A esto se suma la aprobación de nuevas pruebas a campo abierto de maíz transgénico en estados del norte, continuando el ataque contra el maíz campesino en su centro de origen.

Además de los daños directos sobre productores, abejas, polinización, biodiversidad y suelos, la siembra masiva de transgénicos en la península de Yucatán, debido a sus particulares suelos porosos y sistemas cársticos, llevará a la rápida contaminación de los acuíferos y sistemas subterráneos, por lo que toda la población de la península está directamente amenazada de contaminación.

Por estos impactos tan graves y otros, la liberación de soya transgénica tuvo dictamen negativo por parte de la CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), el INE (Instituto Nacional de Ecología) y la Conanp (Comisión Nacional de Areas Protegidas), instituciones oficiales que deben participar por ley en el proceso de decisión sobre bioseguridad. Pero a contrapelo de abundantes datos y estos dictámenes, fue igual aprobada su liberación. Greenpeace presentó una demanda contra los funcionarios responsables y varias organizaciones de apicultores y campesinos se ampararon contra esta decisión, a todas luces injusta e ilegal. Una decisión contra la salud, la biodiversidad y la economía de la población, solamente para favorecer a una transnacional y unos cuantos industriales.

Este modelo agropecuario basado en agrotóxicos –del cual los transgénicos son su máximo exponente–, el papel de las seis corporaciones que lo detentan, la complicidad de los gobiernos y las muertes y violencia que han generado, fueron presentados a una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Bangalore, India, en diciembre 2011. El veredicto concluyó, entre otros puntos, que se trata de un modelo que implica una clara injusticia global, donde seis trasnacionales son responsables por la violación sistemática y ampliamente difundida del derecho a la salud y a la vida, de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de otros derechos políticos y civiles, y de las mujeres y los niños.

Para justificar los agrotóxicos nos dijeron que eran para alimentar al mundo, igual que con los transgénicos. Hay más hambrientos que nunca y millones de niños nacen a un futuro tóxico. Pero la mentira está al descubierto y la resistencia sigue creciendo.

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC
www.etcgroup.org
Fuente: La Jornada

publicado por ecosalta