Para seguir con el tema del uso de los agrotóxicos y como estamos acostumbrados últimamente a que las causas y denuncias ambientales lleguen de la mano de los vecinos, quería hacer una reflexión sobre una demanda que está en la Corte Suprema de Justicia desde el 21 de diciembre pasado.
Ese día se presentó una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
“La demanda ataca principalmente a los OGM y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente”, indican los argumentos.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como “Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental”. Los demandados son el Estado nacional, elConsejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
Los argumentos de la demanda indican que “la modificación artificial del genoma de una planta —o “evento” en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas.Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea“.
Los patrocinantes de la causa pretenden que la Corte ordene al Poder Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el “etiquetado” de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a “recomponer” o “reparar” el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
Más allá de las opiniones y las teorías a favor y en contra de los OGM vuelve a aparecer, como en los últimos posts, un conflicto ambiental que afecta a cientos de miles de personas y, nuevamente, los vecinos recurren a la Justicia. No creo que sea el Poder Judicial el que tenga que intervenir en estas temáticas. La planificación territorial y los controles deben correr por cuenta del Estado, sea municipal, provincial o nacional.
Es que, aunque en la práctica resulta altisonante que la justicia se expida, la falta de cumplimiento posterior de las sentencias deja muchos sinsabores, el Riachuelo es sólo un ejemplo. Esto sólo refleja la falta de voluntad política para cambiar una realidad adversa así como también cuáles son los intereses que más pesan a la hora de definir una estrategia de desarrollo.
Foto: Flickr CC azrainman
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