SALTA: Desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques

SALTA: Desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques

Morillo: Desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques

Por OPSur on 20/09/2012 14:22 / 2 comentarios

En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados (la finca de Fernando Gustavo Cenci, la finca La Juanita y finca La Santafesina). El desmonte es una pesadilla no sólo para las comunidades wichís y para los pequeños campesinos criollos que dependen ineludiblemente del monte, sino también para todos los ciudadanos de Salta, de la Argentina y del mundo que son conscientes de que con cada metro de monte chaqueño que se destruye se comete un daño irreparable a la diversidad biológica y sociocultural del planeta. La pesadilla es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Nro. 26331 del año 2007), en base a la cual se ha clasificado al área en cuestión en la “categoría II” (amarillo), una categoría que permite el uso sustentable del ambiente, pero bajo ningún concepto el desmonte.


Aunque el desmonte es ilegal, en días como hoy resulta, sin embargo, difícil detenerlo. En las aproximadamente mil quinientas hectáreas que forman la finca de Fernando Gustavo Cenci (número de catastro 5431), ubicadas a unos mil metros al sur del pueblo de Coronel Juan Solá (mayormente conocido por el nombre de su estación de trenes: Morillo), desde la primera semana de septiembre las máquinas avanzan dejando detrás la tierra arrasada. Comenzaron con un supuesto “deslinde”: la topadora desmontó una franja de quince metros en todo el perímetro del predio y aprovechó la ocasión para destruir impunemente el monte de veinte hectáreas colindantes que pertenecen a dos de las comunidades wichís de Morillo (La Cortada y Chañar II). Por entonces, los indígenas no supieron cómo reaccionar. Ahora, y desde hace una semana, una topadora, un tractor y una camioneta 4 x 4 trabajan en la finca de Cenci en un supuesto “desbajerado”; hoy hemos podido comprobar visualmente y registrar fotográfica y fílmicamente que en realidad se trata lisa y llanamente de un desmonte. Según nos confesaron los operarios de las máquinas, el objetivo es “limpiar” quinientas hectáreas.

La intendenta Marcela Carabajal y su equipo de trabajo están interesados en detener este y los otros desmontes que avanzan simultáneamente en el territorio del municipio, pero no siempre consiguen las herramientas legales y el apoyo policial necesarios. Ayer, la intendencia y tres particulares (entre ellos, los autores de esta nota, investigadores que trabajan con las comunidades wichís de la zona desde hace diez años), acompañados por los presidentes de las asociaciones civiles indígenas afectadas y por la ONG local Tepeyac, asentamos dos denuncias policiales a fin de detener urgentemente las máquinas, que tiran árboles día y noche, sin descanso. Hasta el momento el juez Medina, de la ciudad de Tartagal, competente en la causa, no ha dictado ninguna medida cautelar, y por lo tanto la policía no interviene. Hemos realizado también la denuncia correspondiente en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, a partir de la cual el personal del área de Fiscalización y Control nos confirmó mediante reiteradas comunicaciones telefónicas que el desmonte en la finca de Cenci no cuenta con permiso, es decir, es ilegal. Mientras se espera la orden judicial y/o la venida de los inspectores de la Subsecretaría, los indígenas, los criollos, los miembros de la ONG, los funcionarios de la intendencia y los investigadores ponemos el cuerpo en la finca de Cenci para impedir que las máquinas reanuden la destrucción del monte.

La protección del bosque nativo salteño es fundamental al menos por dos razones. En primer lugar, porque el monte nativo del área constituye uno de los últimos reductos nacionales y continentales de un ecosistema valiosísimo per se, por la altísima biodiversidad que alberga (la cual no está aún lo suficientemente documentada científicamente) y por su potencialidad en cuanto a desarrollo sostenible. En el contexto de un país y un planeta que atraviesa una agudísima crisis ambiental, el resguardo del hábitat del Chaco Seco salteño no sólo debe preocupar a los habitantes del área, sino también a todos los argentinos y a la humanidad. En segundo lugar, el monte chaqueño posee un valor económico, social y religioso sumamente significativo para los habitantes de la zona: para los campesinos y vecinos de los pueblos criollos, pero fundamentalmente para las comunidades wichís que habitan el territorio desde hace miles de años. Tanto material como simbólicamente, la vida de los indígenas depende del monte: él les provee frutos, animales de caza, pasturas para sus pequeños hatos de cabras, leña, maderas y fibras textiles para sus artesanías, remedios naturales, entre muchísimos otros recursos. Asimismo, cada planta, cada animal y cada lugar del monte forma parte del universo de significados donde la vida wichí cobra sentido. Es pasmoso que en un escenario regional y nacional donde se proclama como fin deseado el desarrollo sostenible y se reivindica constantemente, al menos de palabra, los derechos de los pueblos indígenas, se pueda destruir con tanta soltura el monte y el mundo social complejísimo que los wichís han sabido desarrollar en simbiosis con su entorno natural. El fin del monte es en parte el fin de los wichís, y es un nuevo hito en una historia provincial y nacional signada por la destrucción irresponsable de los recursos naturales, la pauperización de los campesinos, la reducción de la diversidad lingüística y cultural en el área, y el menosprecio y la opresión de los pueblos indígenas.

Lic. Rodrigo Montani (Antropólogo, Universidad Nacional de Rosario)

Dra. María Eugenia Suárez (Etnobióloga, CONICET – Universidad de Buenos Aires)

Morillo, 19 de septiembre de 2012.
http://www.opsur.org.ar/blog/2012/09/20/morillo-desmontes-en-zonas-protegidas-por-la-ley-de-bosques/

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Salta, capital del desmonte

El miércoles pasado, el ISEPCi, organizó en la Universidad de Salta una charla-debate por los desmontes que se vienen llevando a cabo en nuestra provincia. A continuación expondremos un caso testigo en la lucha de los pueblos aborígenes para detener el desmantelamiento del planeta. (por Garrik)

La charla-debate dejó bien en claro que grupos empresariales locales y foráneos, con la venia y participación de los gobiernos de turno, cada vez más arrasan con los bosques nativos y territorios donde ancestralmente vivencomunidades aborígenes y criollas. Los daños ambientales y humanos que generan y podrán generar son inimaginables, toda vez que con la deforestación desequilibran el hábitat natural y exterminan el oxígeno pulmonar de nuestra tierra. Lamentablemente, nuestra Corte de Justicia nacional, a fines del año pasado se declaró incompetente en materia de desmontes y talas en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, dejando sin efecto la prohibición cautelar que había dictado hacía casi tres años y que había paralizado la expansión de la producción sobre los cuatro departamentos del norte salteño. También reconoció que la aplicación de los criterios de protección ambiental es una facultad de la Provincia y dejó para la Corte local las decisiones sobre la continuidad de la causa de amparo interpuesta por grupos originarios y criollos del chaco salteño a fines de 2008. Esta decisión fue celebrada por los "depredadores" ambientales y recobraron sus argumentos para continuar con la destrucción de los bosques y reservas naturales.

Caso testigo

La Comunidad Lhaka Honhat, reclamó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se obligue a nuestra Provincia a que reconozca y garantice los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan en el Departamento Rivadavia, registradas como "lotes fiscales 55 y 14". La Comisión, es la instancia previa para que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que de comprobar las denuncias allí efectuadas podría caracterizar violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, sancionando internacionalmente al Estado argentino y provincial.

La lucha inclaudicable

Esta lucha lleva más de 20 años. En el año 1984 jefes indígenas se presentaron ante la provincia para rechazar una propuesta de entrega de títulos de propiedad sobre el territorio que habitaban, ya que la decisión gubernamental consistía en urbanizar las comunidades y dividir el espacio territorial para entregar a cada jefe un título individual. Esta modalidad anularía sus posibilidades de acceder libremente a los recursos y generaría disputas y conflictos internos por la defensa de uso exclusivo que haría cada comunidad una vez que tuviera un título de propiedad individual. Por ello, le pidieron al gobierno la entrega de una superficie sin divisiones internas, bajo un único título a nombre de todas ellas. Recién en el año 1991 se decretó unificar los lotes 55 y 14 y adjudicar una superficie sin subdivisiones mediante título único de propiedad a las comunidades aborígenes, garantizándoles el espacio necesario para su supervivencia y desarrollo. Las entonces 35 comunidades (alrededor de 6.000 personas) constituyeron una organización que llamaron Lhaka Honhat, que en idioma wichí significa "nuestra tierra".

Entre 1993 y 1995 funcionó la Comisión Asesora Honoraria, dedicada a analizar la situación y recomendar una forma adecuada de entrega de las tierras. Sin tener en cuenta estos antecedentes e ignorando la actividad de la Comisión, en 1995 el Gobierno provincial, con el aval del Gobierno nacional, puso en marcha la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo, cuya cabecera se encuentra en una de las comunidades de Lhaka Honhat y forma parte del "mega plan" de integración de la zona sur al desarrollo del Mercosur, que comprende la creación del corredor Bioceánico y abarca, además, obras de infraestructura para Aduana, Migraciones y Gendarmería y la construcción de una ruta nacional sobre el territorio indígena. Lhaka Honhat interpuso una acción de amparo solicitando la inmediata suspensión de las obras y la realización de estudios de impacto socio-ambiental. La Justicia provincial rechazó la petición en una absurda decisión judicial convalidada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Provincia, decretó adjudicar a las comunidades "una superficie única y sin subdivisiones" de 240.000 has pero elevó este decreto en forma de proyecto de ley a la Legislatura. En 1996, presionados por el incumplimiento del gobierno, más de mil indígenas tomaron pacíficamente las obras del puente durante 23 días. La protesta culminó con la firma de un nuevo acuerdo con el gobernador. Ninguno de los decretos ni el acuerdo que puso fin a la protesta se cumplieron. Agotadas las instancias judiciales internas, en 1998, Lhaka Honhat, acudió a la Comisión Interamericana para denunciar la violación de sus derechos indígenas y cuyo principal objetivo fue arribar a una instancia de conciliación que permitiera una solución integral, justa y sustentable. Lhaka Honhat sostuvo entonces que para aceptar el ofrecimiento del Estado, éste se comprometiera formalmente a no realizar obras que modificaran la situación existente al comienzo de la mediación, y a que durante la negociación no se transmitieran derechos de dominio a terceros sobre las tierras objeto de la denuncia. Con una serie de acuerdos verbales, se dio inició el "proceso de solución amistosa" propuesto por la Comisión. El diálogo tuvo por fin acordar en forma consensuada el otorgamiento del título de propiedad, concretar un informe de impacto socio ambiental y consultar la opinión de lascomunidades sobre las obras viales iniciadas en el territorio indígena. El proceso logró avanzar y obtuvo algunos resultados. Sin embargo, se ha visto obstaculizado por el quebrantamiento de los acuerdos básicos que posibilitaron el inicio de las conversaciones. Ello ha obligado a los denunciantes a informar periódicamente a la Comisión y asolicitar su intervención en numerosas oportunidades, injerencia que ha posibilitado la continuidad de las negociaciones.

A raíz de la excesiva duración y los escasos avances del proceso, en 2005 se quebró el proceso. La provincia desconoció los compromisos asumidos y se retiró de las negociaciones. Ello obligó a Lhaka Honhat a utilizar otras herramientas de protección del sistema interamericano (como la solicitud de medidas cautelares a la Comisión) y a ensayar en el terreno local distintas alternativas. Una de ellas fue la presentación de una acción originaria declarativa de certeza directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ella se intentaba paralizar un referéndum convocado por el gobierno provincial cuya formulación era contraria a la Constitución. El 28 deseptiembre de 2005 la Corte emitió su fallo sosteniendo que era incompetente para entender en el asunto. El referéndum se llevó a cabo y el resultado alcanzado, generó reacciones diversas. La complejidad del conflicto espera en el ámbito interamericano de protección de derechos una respuesta que los poderes locales se resisten a dar.

La causa aborigen es una causa de todos

El ejemplo de lucha, la tenacidad y perseverancia en la misma, en defensa de su identidad y de la protección de su medio ambiente, se debe a que son comunidades que sobreviven a través de la pesca, caza de animales y recolección de frutos necesarios para su alimentación y protegen un territorio que habitan desde tiempos ancestrales al cual están arraigados y adaptados. Pero además le sumemos que la defensa del medio ambiente es contra su deforestación y contaminación por parte de empresarios locales, multinacionales y dirigentes políticos que hipotecan el futuro de todos nosotros. Es por ello que la causa de nuestros hermanos aborígenes es una causa que nos involucra a todos.
http://www.cuartopodersalta.com.ar/index.php/politica/2529-salta-capital-del-desmonte.html

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